La reciente acusación que se hace a un grupo de 31 científicos y personal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FFCyT) por parte del gobierno, no se da en el vacío y es el más reciente episodio en una larga batalla en pos de controlarlo, como se ha hecho ya con otras instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos. Vamos por partes.
La ciencia y los científicos
¿Por qué los científicos? Son un gremio naturalmente escéptico, crítico y además con prestigio social. Una organización de voces críticas independientes es incómoda, así que desde el día 1 empezó un ataque sostenido contra el gremio y en especial contra el FFCyT, cuya naturaleza misma es ser un foro que da asesoría y contrapeso para que las decisiones relacionadas con ciencia no se tomen de forma unilateral, sino informada.
La bitácora
En octubre de 2018, Conacyt anuncia su intención de promulgar una nueva ley de ciencia, con cambios como querer incluir humanidades y promover culturas originarias. El FFCyT denunció y criticó no sólo el contenido sino la forma de buscar aprobar la ley, de modo exprés y con visos a la concentración de poder en la toma de decisiones, sin considerar las opiniones de nadie más. En 2019 el Conacyt creó un “foro” paralelo para cumplir con la normatividad de consulta, en efecto dejando de lado las opiniones del FFCyT.
Ese mismo año empezó una andanada, ya no sólo de cambio de regulaciones, sino de tratar de desfondar al foro, negándoles los fondos de operación que la ley vigente exigía. Para enero de 2020 un juez federal sentenció que el Conacyt debía entregar dichos fondos, pero la sentencia ha sido desacatada desde entonces.
De febrero a junio de 2020 continuaron los ataques públicos y de cambios no consensuados a las regulaciones, por parte de la directora de Conacyt. Esto tuvo como desenlace la renuncia de la directora del FFCyT, que sin fondos de operación y con la constante intimidación, consideró que ya no podía realizar sus funciones y presentó al público una clara e incisiva carta de motivos. Esta lenta asfixia fue ampliamente juzgada como muestra del alejamiento activo del Conacyt de las opiniones de la comunidad científica.
Con el FFCyT silenciado de esta forma, la segunda parte del 2020 fue una cascada de despropósitos y malas decisiones.
Desde el uso de una cuenta oficial para promover un “Decálogo contra el Covid” hasta culpar de las comorbilidades al “maíz neoliberal”, las declaraciones de las más altas autoridades de la ciencia fueron desde lo surreal hasta lo peligroso. La comunidad científica alzaba la voz en lo que podía: el Cinvestav se unió a la crítica de la Ley de Ciencia y el mismísimo Mario Molina (qepd) declaró que México estaba en una ruta “de regreso al siglo anterior.”
Ninguna crítica ni opinión fue escuchada.
Las declaraciones de ese tipo eran una cosa, pero el Conacyt y el gobierno federal se embarcaron, sin contrapeso, en un constante proceso de deconstrucción de abril a octubre. Empezaron con decir que las becas SNI se les cancelaban a investigadores de entidades privadas, siguiendo con retirar los apoyos a becarios en el extranjero (“ni un peso más”); dejaron de lado la biotecnología en el nuevo reglamento de Conacyt; hicieron cera y pabilo con las reglas del SNI, y en general recortaron ó apoyaron programas de forma arbitraria, ante la constante queja de la comunidad científica.
Todas esas son cosas mal manejadas, pero hubo dos hechos más graves aún, siempre, como he repetido, sin ningún contrapeso ni consulta. La primera fue en abril, con la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados de meter al Ejército, al Consejo General de Investigación Científica, con el argumento de “seguridad nacional.” De este tema no se ha hablado lo suficiente.
Y por supuesto, el tiro de gracia fue la brutal y unilateral extinción de docenas de fideicomisos de todo tipo para ser administrados directamente por el gobierno federal. La ciencia y tecnología sufrieron la extinción de 73 fondos para un total de 25 mil millones de pesos, agregando con cinismo, que “no faltarán recursos” y atacando de paso a los beneficiarios.
El hecho fue tan bárbaro que lo comentó con alarma la prestigiosísima revista Science, y las universidades de Harvard, Yale y Oxford firmaron una carta pública para pedir que se reconsiderara la decisión.
De nada valió.
Mientras en mayo de 2020 apoyaban esos mismos fideicomisos, un año después los habían confiscado con una votación lamentable, para empezar a administrarlos de forma opaca: incluso aceptaron que parte del dinero destinado a la ciencia se había usado para pagar la compra de una refinería en Texas.
¿A dónde hemos llegado?
Aún asfixiado el FFCyT, las críticas de la comunidad no se han detenido ante esta larga lista de atropellos, así que este último capítulo parece ser un ataque más al disenso.
Ahora bien, ¿los científicos son inmunes a la investigación legal por el mero hecho de pertenecer a esa profesión? Por supuesto que no, malandros hay en todos lados. Pero ese no es el punto: el punto es que se da dentro del contexto que acabo de mencionar. El proceso acusatorio ha sido de tal desaseo y falta de proporción, que varios jueces lo han criticado y se han negado a respaldarlo, bloqueando en dos ocasiones las órdenes de aprensión solicitadas. Sin embargo esto no ha detenido el ataque y seguimos a la expectativa del desenlace, aunque a juzgar por los tres años anteriores, no hay mucha razón para ser optimistas.
La historia de este asedio a la crítica y a la ciencia es muy desafortunada y tomará mucho trabajo volver a encarrilar la de por sí no muy boyante actividad de apoyo al quehacer científico. Por otro lado, las voces de los investigadores siguen escuchándose, cada vez hay más receptividad entre los inversionistas nacionales hacia proyectos de ciencias de frontera, y al final, la generación de conocimiento es una actividad universal que no reconoce fronteras, ni ataduras, ni camisas de fuerza mentales.
Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que son la ciencia y la cooperación las que vez tras vez, nos ayudan a superar las crisis.
#CienciaParaTodos
Excelente, gracias Maestro
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